“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”

La movilización de los efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo de aumentos salariales, es comprensible, justa y postergada. Sin embargo, conviene pasar en limpio la petición policial, por un lado, y el método de protesta, por otro.

La Policía es una institución del Estado, auxiliar de la Justicia, cuya misión indeclinable es coadyuvar al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, todos sus recursos son públicos y deben utilizarse en función de la misión específica que le asignan los reglamentos, las normativas y la Constitución de la Provincia.

En ese sentido, comprendemos el contenido de la petición, pero no así su método que daña la paz social, la vida y los bienes de los bonaerenses. Ya que los patrulleros y el armamento reglamentario son para cuidar al Pueblo y no para condicionar a las autoridades legitima y legalmente constituida, a través de un reclamo que viene de otras administraciones; por lo que el deterioro de los ingresos policiales carece de una responsabilidad exclusiva de parte de la administración del Gobernador Axel Kicillof, quien asumió el pasado 10 de Diciembre de 2019.

Valoramos y destacamos el trabajo de la Policía en la pandemia, ha participado y participa en la primera línea de combate y muchos de sus integrantes han contraído el COVID-19, de los cuales diez fallecieron prestando servicios. A ellos nuestro agradecimiento y honor, pero no por ello vamos a consentir y justificar una actitud que pone en riesgo la gobernabilidad, de la que se aprovechan sectores reaccionarios que no se resignan a la derrota electoral y pretenden usufructuar cualquier conflicto con fines mezquinos y repudiable.

Instamos a los policías que manifiestan su descontento salarial que apelen a los mecanismos de resolución de conflictos que ofrece la democracia: el diálogo y el respeto a la ley, cada uno desempeñando su tarea institucional y comprometiéndose a salvaguardar la convivencia pacífica y el funcionamiento pleno de las instituciones.

Rodear la Quinta Presidencial de Olivos con vehículos destinados a la Seguridad del Pueblo es un acto golpista, aunque quieran disfrazarlo de reclamo salarial. Repudiamos que los policías peticionantes estén utilizando sus armas reglamentarias y sus uniformes para convertir un justo reclamo en una extorción al gobierno institucional de la Provincia y que, además, agredan la investidura del Presidente Alberto Fernandez.

La voluntad del Gobierno, como lo está demostrando todos los días desde que asumió, es solucionar los problemas heredados dentro de las posibilidades presupuestarias que se vayan generando en un contexto agredido por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, sepan quienes reclaman que las respuestas serán efectivas si son capaces de entender la situación por la que atravesamos todos los argentinos. No hay solución sectorial sin solución de conjunto. En nuestra Patria nadie se salva solo. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”

Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires

Adhiere Partido Justicialista del Distrito de Tornquist

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