Aumentos de las tarifas de luz y gas y la posibilidad de frenarlos en la Justicia
El Destape entrevistó a distintos abogados y especialistas en derechos de los usuarios de los servicios públicos. ¿Qué dijo la Corte Suprema en 2016?
El gobierno de Javier Milei diseñó un aumento de tarifas energéticas que llevará a los usuarios a un cambio de paradigma en el consumo de los servicios públicos de electricidad y gas natural en el país. En los hechos, ahora los hogares y comercios pagarán una factura final dolarizada, con subas mensuales (por primera vez desde las privatizaciones) y con un elevadísimo cargo fijo sobre el cargo variable (consumo), a la inversa de lo que se viene implementando desde la salida de la convertibilidad.
El Destape pudo reconstruir a partir de distintas fuentes que diversas asociaciones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya están aconsejando a comercios que en marzo y abril recibieron facturas cinco o seis veces superiores a las de febrero se presenten a la Justicia por la “irracionalidad” de los aumentos.
Una duda que surge en distintos sectores es si la suba de las tarifas y el cambio en el mecanismo de actualización responde los criterios de razonabilidad y accesibilidad que en 2016 sostuvo por unanimidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el histórico fallo CEPIS, la ONG que presentó un amparo y pudo frenar -por algunos meses- la suba que quería implementar Juan José Aranguren y Mauricio Macri, porque no respetaba esos criterios ni se habían hecho las audiencias públicas. Es decir, la Corte no sólo observó el porcentaje de los aumentos, si no cómo se implementaron.
El Destape dialogó con Walter Martello, ex interventor del ENRE, Juan Azcune, abogado de la ONG Pensando Políticas Públicas, y Claudio Boada, abogado especializado en derechos de consumidores y presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, sobre la posibilidad de que los aumentos tarifarios encuentren un freno en la Justicia. A diferencia de 2016, el gobierno sí realizó las audiencias públicas, por eso ahora pesa más el debate sobre la razonabilidad.
Martello (ex ENRE) señaló que “estamos viendo una política tarifaria de shock que va a empujar a la pobreza energética a millones de usuarios, fundamentalmente del AMBA. Los aumentos se van a judicializar”. Y añadió: “es un error grave dolarizar las tarifas y también el aumento desmesurado del cargo fijo, que no tiene que ver con el consumo, está en línea con lo que pedían las empresas”.
Fuente: www.eldestapeweb.com
