El Gobierno avanza con el achique del Correo Argentino y proyecta más de 7000 despidos

Es una de las nueve empresas públicas que se podrían privatizar si avanza la Ley Bases; en diciembre tenía 16.858 empleados y el plan es que tenga 9500; se activó un proceso de retiros voluntarios y prejubilaciones.

La empresa estatal Correo Argentina tenía a diciembre del año pasado 16.858 empleados y la gestión de Milei busca reducir la plantilla a 9500 para 2025.

El Correo Argentino es una de las nueve empresas públicas que el Gobierno pretende privatizar si se aprueba la Ley Bases en el Congreso de la Nación. Se activó hace dos semanas un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados.

Con este proceso en marcha, ya se concretaron unas 2000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9500. Así lo reconocieron a LA NACION fuentes inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre.

Correo Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar la presencia en las 24 provincias.

Para avanzar con las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”. También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales.

De esta manera, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y también del personal. El objetivo de la administración libertaria es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.

Está al frente del proceso de reestructuración Camilo Baldini, el actual presidente y director de Correo Argentino. Como el resto de las empresas públicas, el área está bajo la órbita de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. Baldini conservó su puesto después de haber ocupado el mismo sillón durante la presidencia de Alberto Fernández.

Es uno de los 1867 funcionarios del Frente de Todos que siguen “en puesto de decisión” a pesar del cambio de gobierno, tal como lo reconoció Posse en su presentación ante el Senado. Baldini ya había estado también en la empresa pública durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora controlaba el Ente Nacional de Comunicaciones. Entonces, ¿un filo kirchnerista está al frente del ajuste que ordenó Milei? No. Baldini no es un militante sino un técnico que conoce el negocio postal, según describen fuentes del sector.

La incertidumbre por el futuro del Correo Argentino sobrevoló en varios tramos de la exposición de Posse en el Senado, el miércoles último. José María Carambia, senador nacional por Santa Cruz, señaló durante la sesión que la intención del Gobierno es pagar las indemnizaciones antes de que la empresa sea privatizada. La misma sensación tienen dos fuentes empresarias del sector a las que consultó LA NACION.

El Correo Argentino tiene hoy 14.500 empleados, 1452 sucursales y 901 inmuebles propios. La intención es reducir la planta a 9500 personas y 500 sucursales. Con esta estructura, la empresa estatal no lidera el mercado postal y logístico interno. A diferencia de las empresas privadas, Correo Argentino debe garantizar por ley la logística de las jornadas electorales nacionales.

El reparto de urnas y votos en todo el país. También mantiene bajo su órbita el correo postal tradicional de entrega de documentación personal, cartas documentos y telegramas, que ya se pueden hacer de manera electrónica sin la necesidad de ir a una sucursal oficial.

“El verdadero valor que tiene el Correo Argentino son sus inmuebles”, dijo un empresario del sector. La intención de Baldini es venderlos para invertir lo recaudado en tecnología.

Tan incierto como el desenlace de la Ley Bases es saber si el Gobierno tiene un deseo verdadero de competir con una empresa postal propia en el mercado local de la logística, como ocurre en otros lugares del mundo, o si el plan de reducción es solo para allanar el camino hacia una eventual privatización.

Nicolás Balinotti Fuente La Nación